La covid-19 pone sobre la mesa las consecuencias el profundo daño socioambiental y la desigualdad frente a recursos básicos como el agua, clave en la lucha contra esta pandemia
Por Yasna Mussa
Cada día salen a la luz nuevos estudios que evidencian las posibles causas que provocaron el origen y posterior propagación del coronavirus. Las cifras de contagiados y muertos a nivel mundial aumentan cada minuto por lo que ya no es necesario entregar el último número para entender la magnitud del daño que ocasiona esta pandemia.
Mientras, el ritmo frenético se paraliza, una parte importante de la población se queda en casa, el transporte se detiene y la industria hace un paréntesis, muchos especulan sobre cuánto puede aportar este momento a mejorar la calidad del aire, dejar en paz a los ecosistemas e incluso disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo cierto, es que más allá de la literatura distópica de ficción, numerosos informes científicos ya adelantaba el panorama actual como parte de las consecuencias por la explotación de los recursos naturales y las prácticas abusivas en diversos ecosistemas.
Chile no solo no es la excepción, sino uno de los casos más emblemáticos con un sistema económico basado en el extractivismo. En un país donde el agua está privatizada y en provincias como Petorca dependen de camiones aljibes, tomar medidas como lavarse las manos varias veces al día, según recomienda la Organización Mundial de la Salud, resultan prohibitivas.
El escritor Paul. B Preciado aseguraba en un artículo en el periódico español El País que “el virus actúa a nuestra imagen y semejanza, no hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población, las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. De ahí que cada sociedad pueda definirse por la epidemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella”. En el escenario chileno esta frase resulta evidente: hoy se ven las consecuencias de no haber protegido a tiempo el agua como un bien público garantizado por el Estado. Para muchos, lavarse las manos es una acción simple y casi automática: basta abrir la llave del grifo para acceder ella. En localidades como Petorca es un lujo determinado por los propietarios del agua, en un escenario de mega sequía que, por un lado es consecuencia del cambio climático y, del otro, de la explotación desmesurada para la industria de la palta.
Camiones aljibes gestionados por las municipalidad o iniciativas de organizaciones como el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), reparten agua para que pobladores de Petorca, Cabildo o La Ligua puedan tratar de alcanzar los 100 litros mínimos por persona que estima la OMS.
“El contexto sanitario actual pone de relieve la necesidad de regular de manera estratégica este bien nacional de uso público. Las herramientas económicas y regulatorias han sido expuestas durante dos décadas de negociaciones en ambas cámaras. Es clave que se comience a implementar un principio de equidad intergeneracional”, dice Andrés Pirazzoli, abogado especializado en Cambio Climático y ex negociador del ministerio de Medio Ambiente.
Un debate posicionado durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019 y que ahora en medio de una pandemia pone sobre la mesa la urgencia de abordar la propiedad de un bien tan escaso, sobre todo en un período de sequía extrema, e instalarlo en el plebiscito que se realizará en octubre próximo, cuando Chile decida si está a favor o no de una nueva Constitución.
Las lecciones del Covid-19
Para Anahí Urquiza, académica de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2), esta pandemia ha permitido evidenciar y vivir en la cotidianidad una de las consecuencia de la sobreexplotación de la naturaleza. “Estaban las advertencias y no se hizo nada significativo al respecto. Y es un símil de lo que pasa con el cambio climático. Llevamos décadas sabiendo que lo que se viene puede ser realmente desastroso y no hacemos transformaciones significativa, entonces por un lado es una oportunidad de cambiar porque el mundo paró y eso no había sucedido en un mundo polarizado como el que tenemos”, dice la académica, cuyas áreas de investigación se encuentran en la relación medio ambiente y sociedad, especialmente en vulnerabilidad hídrica.
Una visión con la que concuerda Rocío Pozo, médico veterinario de la Universidad de Chile y doctora en Zoología de la Universidad de Oxford, pues explica que “el Covid-19 es otra de las enfermedades que han emergido como consecuencia del abuso que hemos hecho los seres humanos en el planeta. No es coincidencia que en las últimas décadas han emergido enfermedades virales tales como el Covid, el VIH y el ébola; los que también han coincidido con los peaks más altos de emisiones de gases de efecto invernadero y los consecuentes impactos de cambios climático, así como las mayores pérdidas de biodiversidad y altas tasas de tráfico ilegal de especies silvestres”.
La también investigadora del CR2 destaca que “Aproximadamente el 75% de las enfermedades infecciosas existentes son de carácter zoonótico o provienen de la vida silvestre, por lo que nuestra constante destrucción de la naturaleza, ya sea para el incremento de la agricultura o la urbanización de áreas silvestres, le ha dado una tremenda oportunidad a todas estas enfermedades de traspasar al ser humano”.
La médico veterinaria realiza su investigación de postdoctorado sobre la dimensión socioeconómica de los incendios forestales en Chile, por lo que reflexiona sobre lo que significa la pérdida de hábitat de animales silvestres, provocando que se acerquen a poblaciones humanas y creando un contacto forzado, lo que generaría nuevas zoonosis. La deforestación, los mega incendios y la destrucción del bosque nativo que el país protagoniza de manera recurrente, crean las condiciones que dan pie a nuevas enfermedades. “Ya existe evidencia que en Chile la deforestación aumenta los casos de enfermedades infecciosas y parasitarias. Por ejemplo, con algunos colegas hemos estado trabajando en un estudio que muestra que en varias regiones de Chile, aquellas con un menor porcentaje de áreas silvestres protegidas, aumenta la incidencia de enfermedades humanas como la equinococosis y la triquinosis, ambas zoonosis, es decir, transmitidas desde los animales a las personas”, dice Pozo.
Si bien el confinamiento obligatorio entrega un breve respiro al planeta que se traduce, por ejemplo, en una mejora drástica de la calidad del aire, se trata apenas de un paréntesis. Ningún avance en esta materia será un aporte si no se traduce en un cambio estructural en el uso de la naturaleza.
“Creo y espero que la pandemia que estamos viviendo cambie la forma en que hemos hecho las cosas como humanos. Y que tomemos esta crisis como una oportunidad para hacer una vida de forma más solidaria consciente y sustentable”, dice Pozo. La investigadora subraya que “el modelo extractivista en Chile nos ha traído grandes problemas y desafíos al corto, mediano y largo plazo. Como ejemplo ya tenemos la crisis social en la que estamos, o estábamos, antes que el covid-19 llegará a Chile”. Pozo se refiere a que los impactos de este modelo se han reflejado en sistemas poco sustentables que han exacerbado los efectos del cambio climático. Por ejemplo, con el incremento de la sequía o el aumento de los incendios forestales, los que a su vez han aumentado la desigualdad social e impactado en la vida de aquellos con menos recursos.
Anahí Urquiza ve con poco optimismo un cambio de dirección cuando este paréntesis termine y se retome de manera general el ritmo de vida y de la producción. “En esta reactivación podemos profundizar los problemas que ya traíamos o podemos dar vuelta el timón y empezar a avanzar de verdad en una economía circular, por ejemplo. La verdad es que yo, honestamente, creo que a partir de la información a la que tengo acceso y los análisis que hemos venido haciendo, es posible que esta sea la última oportunidad que tengamos de realmente parar las emisiones significativamente a tiempo y volver a repensar cómo nos relacionamos con la naturaleza y cambiar el modelo en el fondo, dejar de pensar que los recursos son infinitos y empezar a respetar más la naturaleza”, dice Urquiza. Y agrega: “debemos avanzar más en conceptos claves como economía circular o conceptos como soluciones basadas en la naturaleza, que implican recuperar ecosistemas y mantenerlos lo menos intervenidos posible. Entonces, desde esta perspectiva sin duda esta pandemia es una oportunidad porque nos muestra lo que podemos vivir debido a nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, el alcance que esto puede tener en un mundo globalizado como el que tenemos, y nos da la oportunidad de que en este vuelta a andar realmente hagamos un cambio de timón”.
Acuerdos pendientes
Chile arrastra varias deudas pendientes en materia de acuerdos internacionales, pero quizá uno de los más relevantes es el Acuerdo de Escazú. Adoptado el 4 de marzo de 2018, este tratado regional firmado por 22 países vela por el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, todos asuntos clave a la hora de enfrentar problemáticas derivadas de la explotación de los recursos naturales, como el caso del agua. Aunque el país mantiene la presidencia de la COP25 y lideró el más importante encuentro mundial sobre cambio climático en Madrid, aún no firma este acuerdo considerado imprescindible y que debe entrar en vigencia a fines de este año.
Para Anahí Urquiza “es absolutamente impresentable que Chile no lo haya firmado. No hay ninguna justificación para ello. Es un acuerdo realmente importante, donde Chile había tenido una participación muy activa anteriormente”. Para Urquiza “no firmarlo da varias señales negativas: una tiene que ver con el no respaldo de tratados internacionales que permiten avanzar en una gobernanza global más adecuada para enfrentar los desafíos ambientales. Aquí lo paradójico es que somos muy rápidos en firmar acuerdos comerciales internacionales, pero los acuerdo internacionales que requieren protección política, por ejemplo, no son firmados con la misma rapidez y eso revela una falta de interés real de la mayor parte de los sectores políticos”.
Andrés Pirazzoli, concuerda en la crítica a la actitud que ha tomado el gobierno chileno. “La zozobra de la COP25, la desidia y cambio de dirección radical de este gobierno en particular con Escazú, pero en general con la cooperación internacional, son muestras de una diplomacia ausente y de la suma desorientación del segundo piso en materia internacional. Las prioridades ¿alguien me las puede explicar?”, se pregunta Pirazzoli.
Mientras, el gobierno no se pronuncia sobre su negativa a firmar y ratificar Escazú, las consecuencias de no tomar medidas concretas y cambiar el modelo comienzan a pasar la cuenta en medio de una de las grandes pandemias de la historia.
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