Es urgente que el negocio forestal se alinee en un marco de protección medioambiental acordado por todos los sectores políticos del país, apuntan los autores de esta columna para CIPER. Pese a ello, dos importantes proyectos de ley que se discuten hoy en el Congreso no están teniendo el apoyo de los grandes conglomerados del rubro (Arauco y CMPC), CORMA ni del Colegio de Ingenieros Forestales: «Claramente, la integralidad a la cual apelan estas entidades más parece orientada a tratar de mantener un modelo forestal que ha sido incapaz de resolver con una mirada de futuro la problemática del cambio climático y del régimen de incendios en Chile. En el mundo, desde hace un par de años se reconoce la urgencia de un cambio de paradigma, en el que están destinadas a fracasar todas aquellas políticas y prácticas tradicionales de manejo del fuego que ignoren el cambio climático y el incremento de la carga de combustible y la homogeneidad del paisaje.»
Los dos mayores conglomerados forestales que existen en Chile (Arauco y CMPC), la organización gremial que los representa (CORMA) y el Colegio Ingenieros Forestales (AG) han mantenido en las últimas semanas una campaña en apariciones de prensa que argumenta que el sector forestal de nuestro país está en crisis, que al respecto existe una inacción de parte del gobierno, y que se requiere reestablecer incentivos estatales (subsidios) a la forestación con especies exóticas (pinos y eucaliptus) para los pequeños y medianos propietarios. En ese contexto, esta columna tiene como objetivo presentar las evidencias legales, ambientales y de sentido común que indican la necesidad de que las empresas forestales y sectores afines se transformen en ser parte de la solución respecto a los conflictos generados por el modelo forestal seguido en los últimos cincuenta años en Chile.
Lo que exponemos no desconoce el aporte significativo que han hecho estas empresas y el sector forestal a la economía nacional y el empleo, ampliamente conocidos y difundidos. Tampoco negamos los avances de Arauco y CMPC producto de su certificación bajo el sello FSC ni sus respectivos programas de restauración del bosque nativo. Sin embargo, consideramos de la máxima relevancia que ambas empresas contribuyan a la aprobación de leyes que hoy se encuentran en discusión parlamentaria, materializando así su compromiso con el bienestar de Chile, su población y su futuro, a través de acciones concretas para apoyar las políticas y lineamientos del Estado desarrollados en la última década.
CONTEXTO LEGAL Y MEDIOAMBIENTAL
En la última década, durante los gobiernos de los presidentes Piñera y Boric, Chile ha hecho importantes avances en la definición de políticas de carbono-neutralidad, conservación, restauración y biodiversidad. En el ámbito internacional, nuestro país ha suscrito el Acuerdo de París, y ha comprometido voluntariamente una serie de contribuciones (NDC) a la mitigación del cambio climático.
En concordancia con lo anterior, en junio de 2022 se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), cuyo fin es regular las transformaciones necesarias para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la captura y secuestro de carbono —desde los bosques nativos, principalmente— para alcanzar la meta de la neutralidad el año 2050. Otro avance importante fue la promulgación en 2023 de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), unificando en un solo organismo público las competencias relativas a la conservación y protección de la naturaleza que antes estaban dispersas.
Respecto a la LMCC, en su artículo 5º define lineamientos relativos a conservación de ecosistemas, restauración ecológica, forestación y reforestación con especies nativas, estableciendo expresamente que «los lineamientos no incentivarán la plantación de monocultivos forestales» (los cuales incluyen las plantaciones de pinos, eucaliptus u otras especies exóticas). Tal exclusión es sin excepción alguna, por lo que, y a la luz del art. 19 del Código Civil, «cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu». Es decir, la norma referida no admite segundas lecturas ni interpretaciones. Es importante dejar en claro que la LMCC, al establecer que no incentivará la plantación de monocultivos forestales, supone que éstas deben ser costeadas con financiamiento privado, y no público.
La exclusión de los incentivos a las plantaciones forestales determinadas por la LMCC está fundamentada en la rigurosa evidencia científica aportada por múltiples estudios que demuestran los graves impactos ambientales que han tenido las plantaciones forestales en Chile. Estos incluyen reducción de caudales en las cuencas, sustitución de bosque nativo, homogeneización de paisajes y reducción de biodiversidad [CR2 2024]. Otro impacto de las plantaciones es la emisión de importantes cantidades de CO2 debido al incremento de los grandes incendios, los cuales en 2017 alcanzaron un récord histórico con 580.000 ha. quemadas (en 2023, fueron 431.000 ha.), de las cuales aproximadamente un 50% correspondió a plantaciones forestales, y un 15% a bosque nativo [HOYOS-SANTILLAN et al. 2021].
La industria forestal, aparentemente, no ha tomado nota de las amenazas del cambio climático al propio sector, considerando que la sequía iniciada en 2010 y los megaincendios de los veranos de 2017 y 2023 continuarán ocurriendo en el futuro bajo condiciones climáticas y meteorológicas más propicias para incendios de gran magnitud.
Además de la coherencia y continuidad en las políticas y legislación ambiental durante los gobiernos de los presidentes Piñera y Boric, desde 2021 se han desarrollado exitosos programas de incentivos a la restauración de bosque nativo para pequeños y medianos propietarios. Entre 2021 y 2023, el Estado bonificó el manejo sustentable, recuperación del bosque nativo y forestación con especies nativas en predios de pequeños y medianos propietarios en un total de 51.000 ha. Esto demuestra la existencia de un grupo amplio de propietarios que han iniciado la restauración del bosque nativo en sus predios, apoyados por el Estado.
URGENTES PROYECTOS DE LEY
A los aspectos legales y ambientales ya expuestos que muestran la falta de pertinencia de que las dos mayores empresas forestales del país y sectores afines insistan en expandir las plantaciones industriales a través de incentivos del Estado, se suma un factor esencial: el sentido común. En 2015 se presentó una iniciativa legal en el Congreso para reestablecer subsidios a la forestación, la cual fue rechazada enérgicamente por un grupo de senadores de diferentes partidos que formaron la «Coalición contra el DL 701». Esto se sumó al rechazo de numerosas organizaciones de la sociedad civil del ámbito de la conservación, Comités de Agua Potable Rural y otras organizaciones comunitarias. La fundamentación de este rechazo fue tan sólida y contundente que el proyecto no alcanzó a ser tramitado en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.
Después de este fracaso en 2015, el segundo gobierno del presidente Piñera (2018-2022), no repuso el proyecto de ley ya comentado ni presentó una nueva iniciativa legal en este ámbito. El programa del gobierno del presidente Boric, por su parte, tampoco considera iniciativas o medidas orientadas en ese sentido, y la LMCC indica la exclusión de incentivos a los monocultivos forestales. En conclusión, el sentido común indica que no corresponde plantear el establecimiento de incentivos o subsidios a las plantaciones forestales.
Los sectores enunciados tampoco han facilitado ni apoyado dos trascendentales proyectos de ley presentadas por el Ejecutivo durante el presente gobierno y que se debaten en el Congreso:
1. el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR). El proyecto para crear SERNAFOR apunta a transformar CONAF (actualmente, una corporación de derecho privado) en una institución pública. Esto permitiría el fortalecimiento institucional y de ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, fomento forestal, manejo del fuego y otras. La transformación de CONAF en una institución pública está pendiente desde hace décadas y es una tarea urgente.
2. la Ley de incendios (Ley de Prevención de Incendios Forestales y Rurales) permitiría robustecer la institucionalidad y capacidades del Estado en la prevención y control de incendios mediante el fortalecimiento de la regulación de la actividad forestal en materia de incendios y la reducción del material combustible. Por otra parte, esta ley otorgaría herramientas y acciones para avanzar hacia paisajes heterogéneos más resilientes ante los incendios. CORMA —organización gremial de las empresas forestales en la cual Arauco y CMPC son actores relevantes— y el Colegio de Ingenieros Forestales A.G. han criticado fuertemente este proyecto, apelando a que éste no abordaría de manera integral el ciclo completo de la gestión de incendios. Estas organizaciones ponen su énfasis en combatir, investigar las causas (perseguir la intencionalidad) y recuperar las áreas quemadas (restablecer las plantaciones exóticas quemadas). Claramente, la integralidad a la cual apelan estas entidades más parece orientada a tratar de mantener un modelo forestal que ha sido incapaz de resolver con una mirada de futuro la problemática del cambio climático y del régimen de incendios en Chile. En el mundo, desde hace un par de años se reconoce la urgencia de un cambio de paradigma, en el que están destinadas a fracasar todas aquellas políticas y prácticas tradicionales de manejo del fuego que ignoren el cambio climático y el incremento de la carga de combustible y la homogeneidad del paisaje.
***
A partir del contexto analizado y de las evidencias expuestas, nuestro llamado es a que Arauco y CMPC se sumen a la materialización de los tratados internacionales suscritos, políticas, leyes promulgadas, programas de incentivos para la restauración ecológica y nuevas leyes en discusión parlamentaria (específicamente, la ley que crea el SERNAFOR y la Ley de Incendios Forestales). Se trata de acciones del Estado de Chile; no solo del actual gobierno del presidente Boric, sino también de las administraciones de Sebastián Piñera y previas. Estas iniciativas han contado con un apoyo político transversal, con lo cual Chile ha logrado importantes avances relativos a acciones para resguardar el medioambiente y de adaptación y mitigación ante el cambio climático, no sólo en forma interna sino en el contexto internacional. Lo anterior es especialmente valioso y una demostración del proceso de maduración política en nuestro país respecto a las normas ambientales.
No podemos olvidar que los dos grandes conglomerados forestales (Arauco y CMPC) pertenecen a capitales nacionales, cuyos propietarios reiteradamente han expresado su compromiso con Chile y su desarrollo socioeconómico, la sustentabilidad ambiental y el bienestar de las personas. | Leer en Ciper Chile.