(Revista Qué Pasa Minería, edición mayo 2015) El cambio climático ya está aquí. La sequía imperante en el norte y sur del país es una muestra que anticipa lo que vendrá en el futuro cercano. Por ello, los expertos hablan de la necesidad de trabajar en una adaptación temprana y políticas transversales para hacerle frente. Los cambios al Código de Aguas, actualmente en discusión, son apenas un primer paso en el nuevo ordenamiento requerido.
Por Hernán Vargas y Cristián Rivas
Tan esencial es el agua para la vida humana, que sin beberla una persona no podría vivir más de cuatro días. Así de simple y preciso. Aunque en teoría existe agua suficiente para satisfacer las necesidades de todo el planeta, en la práctica el problema es que está distribuida de manera desigual. A nivel internacional, por ejemplo, Canadá tiene una disponibilidad de casi un millón de veces más que Kuwait; mientras que, en el plano interno, las cifras del norte de Chile distan mucho de la realidad en el sur del país.
Lo peor es que una buena parte de la comunidad científica mundial está alertando, desde hace ya un tiempo, que este escenario tenderá a acrecentarse con los años. Es decir, la escasez de agua será cada vez mayor en zonas que hoy ya son secas, producto del cambio climático. Estos cambios, sin duda, generarán no sólo riesgos para la vida humana, sino también para el desempeño económico de los países, pues industrias relevantes que hoy requieren del elemento para su producción -como la agricultura y la minería, por cierto- tenderán a ver cada vez más restringido su acceso al recurso.
Los impactos en Chile
El subdirector e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, René Garreaud, cuenta que han realizado varias investigaciones sobre el impacto del cambio climático en el país. La primera la realizaron en 2007 a partir de modelos numéricos de la atmósfera, a los cuales se les agregan proyecciones de la presencia de dióxido de carbono (C02) a partir de distintos escenarios.
Con estos datos en mano, cuenta que hay dos tendencias que se dejarán caer sobre el país en los próximos años. La primera es que gran parte del país se hará más cálido. “El calentamiento se va a reflejar, básicamente, en la parte no costera, sino interior, especialmente en altura y en la parte centro norte de Chile. La única parte que no va a tener una señal muy clara de calentamiento es la zona más austral y tal vez la franja muy pegadita a la costa”, advierte. Dice que las proyecciones internacionales que hablan de 2, 3 o hasta 4 grados más en temperaturas promedio son estimaciones para el final de siglo.
El segundo gran impacto es la disminución de precipitaciones. “Cuando uno piensa en cambio climático, lo primero que se le viene a la cabeza es el calentamiento global, pero ese calentamiento no ocurre igual en todas las regiones del mundo y, por lo tanto, se establecen lugares que estarán más cálidos, y otros más fríos, eso involucra a la vez un cambio en la presión superficial, y eso finalmente se traduce en cambios en la circulación atmosférica, lo que termina impactando en las precipitaciones”, describe. Aunque dependerá de las emisiones de carbono presentes en la atmósfera, las proyecciones apuntan a una disminución de entre 30% y 35% hacia fines de este siglo en la zona que va desde Atacama a Los Lagos. Mientras que en el altiplano, que recibe precipitaciones en verano, también se espera una disminución de entre 20% y 30%.
Adaptaciones necesarias
Desde luego, la menor presencia de precipitaciones redundará en una menor disponibilidad de recursos hídricos, lo que sugiere comenzar a instaurar planes de adaptación.
En ese sentido, su colega investigadora del centro, Pilar Moraga, dice que el fenómeno del cambio climático, al ser un problema ambiental, económico y social, requiere ser enfrentado con una visión más transversal. “Ya no podemos estar buscando soluciones por sectores o frente a determinados fenómenos como la crisis hídrica, sino que se requiere una mirada global del problema, de manera de contar con un marco institucional articulado, coordinado, con políticas públicas coherentes que puedan ir dando respuestas a los desafíos que nos plantea este fenómeno”.
Frente al camino que se debe seguir y consultada por la necesidad de crear, por ejemplo, un ministerio dedicado a estas tareas, la experta cuenta que el centro está realizando una investigación para definir lo que requiere el país en ordenamiento normativo. “No tenemos instrumentos de gestión ambiental que incorporen el cambio climático, ni una adecuada coordinación institucional que permita enfrentar de manera conjunta los problemas de mitigación y de adaptación (…) la regulación en esta materia es sumamente necesaria porque el cambio climático es un problema ambiental, pero también económico y social, y por ende una mayor regulación puede evitar los grandes costos a los que nos puede enfrentar”, explica. Agrega que frente a problemas como el aluvión del norte, una legislación habría permitido enfrentar más eficazmente el fenómeno y sus costos.
Los pasos en Chile
En la actualidad, la discusión más cercana que se lleva adelante en Chile y que está relacionada con estos temas es lo referido a la modificación del Código de Aguas. El debate principal tras esa reforma, explica el abogado Benjamín Pérez, asociado de Guerrero Olivos, está relacionado con los derechos de aprovechamiento de aguas, que no serán otorgados a perpetuidad y se instaurarán causales de caducidad.
“Para fundamentar la reforma, se ha señalado, entre otros argumentos, que la sequía ha puesto de manifiesto la fragilidad del marco normativo que regula esta materia. Si bien compartimos la debilidad del estatuto de las aguas, creemos que la modificación planteada no es el mecanismo correcto para hacer frente al ciclo de escasez de lluvias que vivimos”, afirma.
Dice que para eso son necesarias dos materias a abordar, que aún no han sido comprometidas como parte de la ley. La primera está relacionada con la implementación de un marco normativo moderno que facilite la construcción y operación de embalses de riego y consumo humano, lo que ayudará a frenar el desaprovechamiento de las aguas lluvia, que terminan diluyéndose en el océano Pacífico. La segunda es establecer una legislación que permita dar una adecuada gestión a las aguas lluvia en las ciudades, donde se instaure una política de reutilización, como la implementada por ciudades como Melbourne, en Canadá, que ha fomentado la instalación de infraestructura.
Por otro lado, el abogado y gerente del Programa Desarrollo Minero de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, destaca que al margen del ordenamiento que propiciará el proyecto del gobierno sobre el mercado del agua en el país, la iniciativa también “invita a plantearnos cómo seremos capaces de perfeccionar el mercado del agua, y no cabe duda que ahora es cuando debemos volcar nuestras ideas a este gran propósito, ya sea creando ‘bolsas electrónicas’ de agua, introduciendo mayores niveles de eficiencia por la vía de nuevas tecnologías de reutilización del agua, el tratamiento de agua salobre, o elevando los niveles de inversión en investigación sobre eficiencia hídrica y exploración de aguas subterráneas”.
Mineras buscando caminos
Desde que la sequía comenzó a ser cada vez más evidente en el norte del país, salieron a flote discusiones entre distintos sectores productivos por el uso -y “mal uso”- del agua. Hasta ahora, la minería ha tratado de desmitificar que sea uno de los sectores más intensivos en su utilización. En el Consejo Minero, han destacado que la gran minería utiliza apenas el 5% del agua que se extrae entre la I y la IV regiones, mientras que la agricultura usa el 72%. Como explicación, dicen que las empresas han incorporado con fuerza la recirculación.
Pero de todos modos, la industria minera ha trabajado en buscar alternativas, porque la ciudadanía la culpa cada vez más de extraer el recurso en zonas donde es escaso. En su última presentación en la Cesco Week, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, mostró una lámina con 14 operaciones mineras que utilizan o utilizarán agua de mar en sus procesos, ya sea desalada o sin tratar. De las 14 , cinco ya están en operación (Escondida, Esperanza y Sierra Gorda, por ejemplo), mientras que el resto tiene previsto operar entre este año y 2021.
En el reciente almuerzo anual de socios de Britcham, Óscar Landerretche, presidente del directorio de Codelco, enfatizó que a nivel sectorial desearía ver una mayor coordinación. “¿Por qué no tener una gran desaladora -pública o privada- que abastezca en una zona a varias mineras en vez de que cada una invierta muchos recursos para una propia?”, dijo.
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